Salud mental y suicidio juvenil en el Pacífico
La salud mental de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Pacífico colombiano motivó una alerta de la Defensoría del Pueblo de Colombia, que presentó en 2026 el estudio Buen futuro en el Pacífico colombiano. Según la entidad, el documento advierte una crisis asociada con conducta suicida en territorios atravesados por pobreza, racismo estructural, conflicto armado y múltiples violencias.
La Defensoría planteó el concepto de derecho al buen futuro como marco para entender el problema. De acuerdo con el informe, ese derecho implica que las personas puedan construir un proyecto de vida con esperanza y confianza en el porvenir; cuando esas garantías fallan, una de las expresiones más graves es el suicidio en población infantil y juvenil.
Cifras y factores que expone el informe
El documento recoge datos del Instituto Nacional de Salud según los cuales en 2025 se registraron 26.344 intentos de suicidio en personas de 5 a 28 años en Colombia. De ese total, 351 casos ocurrieron en municipios priorizados del litoral Pacífico incluidos en el estudio.
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La distribución reportada fue de 163 casos en el Pacífico nariñense, 123 en Chocó y 65 en municipios del Pacífico medio. Para la Defensoría, esas cifras no pueden leerse como hechos aislados ni solo desde decisiones individuales, sino como síntomas de condiciones sociales y territoriales que agravan la salud mental de la niñez y la juventud.
Entre los factores señalados por la entidad aparecen la discriminación étnica y racial, las afectaciones del conflicto armado, el reclutamiento forzado de menores, el confinamiento, el desplazamiento, la inseguridad alimentaria, la pobreza estructural y las violencias basadas en género.
El informe también pone el foco en comunidades indígenas y afrodescendientes. Según la Defensoría, organizaciones indígenas relacionan el aumento de las conductas suicidas con la pérdida de condiciones tradicionales de vida, el desarraigo cultural y la presión de actores armados. La entidad añadió que el estigma contra jóvenes vinculados a grupos ilegales puede profundizar la exclusión comunitaria y su vulnerabilidad psicológica.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Colombia.
