El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, junto a la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz , instaló en Bogotá la segunda sesión de 2025 de la Mesa Nacional de Garantías para la Defensa de los Derechos Humanos.
Este mecanismo de diálogo entre el Gobierno nacional y organizaciones sociales busca dar continuidad a los compromisos asumidos en materia de garantías para líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo de Paz, mediante un enfoque interinstitucional y participativo
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Compromisos y ejes temáticos de la sesión de la Mesa Nacional de Garantías
Durante la sesión, se priorizaron cuatro líneas temáticas principales:
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Política Pública de Desmantelamiento de bandas criminales y sucesoras del paramilitarismo.
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Actuación de la fuerza pública en los territorios.
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Crisis y atención humanitaria.
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Prevención de la estigmatización hacia personas y organizaciones defensoras.
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Entre los compromisos acordados se encuentran:
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Realizar la próxima sesión nacional en septiembre.
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Promover una jornada de socialización de programas interinstitucionales.
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Abordar la implementación del Decreto 660 en el subgrupo de prevención.
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Convocar un Encuentro Nacional del subgrupo de género, con lineamientos de territorialización.
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Retomar la campaña “Paz sin estigma” como ejercicio de reconocimiento público.
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Reactivar la mesa sobre el estallido social.
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Reinstalar la mesa del Decreto 003 de 2021, que regula el uso de la fuerza en manifestaciones.
En su intervención, Gabriel Rondón destacó la importancia de la Mesa Nacional de Garantías como un escenario institucional que no debe entenderse como una concesión del gobierno, sino como el resultado de décadas de lucha social y exigibilidad de derechos.
“ Estos espacios no son regalos del gobierno, son el resultado de años y décadas de lucha y por eso reconocemos la labor de la defensa de los derechos fundamentales”, expresó Rondón.
La jornada reafirmó el compromiso del Gobierno nacional de seguir trabajando con enfoque territorial, de género y diferencial, para garantizar condiciones efectivas de protección, prevención y no estigmatización a quienes ejercen la defensa de los derechos humanos.
