Esa es la disyuntiva planteada tácitamente por el gobierno de Iván Duque. Una disyuntiva perversa y peor aún, obligatoria para millones de colombianos que no pueden darse el lujo de teletrabajar. De hecho, el porcentaje de la población laboral del país vinculado bajo esta modalidad no alcanza el 0,2 % del total, según cifras oficiales. Un verdadero problema, por acción u omisión, pero en todo caso un verdadero problema en la pandemia.
Si el Estado colombiano hubiese sido fiel a sus obligaciones constitucionales de previsión, prevención y atención eficaces frente a tragedias sanitarias, quizá esa minúscula cifra fuera hoy más robusta y menos mortal. Pero eso es lo que hay y desde allí debe partir el análisis.
Ante un Estado irresponsable, el cuidado se vuelve un asunto netamente individual; “autocuidado”, que llaman. ¿Cómo lograr un buen autocuidado si tampoco se adoptan medidas eficientes —en gran parte— desde el sector comercial? Otra pata que le nace al gato.
Incentivada por poderosos gremios y en muchos casos desde el propio gobierno nacional, la población se aglomera principalmente en los centros comerciales, elevando así los niveles de contagio. No miente la lógica cuando, después del “día sin IVA”, si bien aumentaron las ganancias de los comerciantes, aumentaron también las cifras de positivos para Covid. Claramente hay una relación de causalidad, por más que Duque pretenda negarla.
Si a estas variables que fomentan el contagio del virus se añade la de que las medidas de prevención adoptadas por los comerciantes no son suficientes ni las mejores, se traza entonces un panorama muy poco alentador. ¿En los núcleos del comercio se ejerce una verdadera vigilancia en puntos claves como el número máximo de personas en ellos? ¿Se controla la distancia mínima de un metro entre individuos, recomendada por la OMS? ¿Se ofrece al público los elementos básicos de higiene como alcohol, tapabocas, desinfectantes de zapatos, etc? Son cuestiones que quedan en entredicho, pues es palpable que en buena parte de locales comerciales no se cumple a cabalidad las normativas sanitarias.
Para acabar de ajustar el rango de acción de los mandatarios locales quedó reducido ostensiblemente. El salvavidas se direccionó hacia la banca y las grandes empresas y no a las MIPYMES que representan más del 90% del sector productivo nacional y que generan el 35% del PIB y el 80% del empleo de toda Colombia. Los auxilios económicos para las familias más pobres son irrisorios e insultantes. La renta básica es una quimera. La reforma tributaria no es solidaria y sostenible como lo anuncian, sino agresivamente empobrecedora.
¿Qué pueden hacer entonces los bloques poblacionales que dependen enteramente de la actividad comercial no formal para sobrevivir el día a día, si dentro del mismo comercio es donde bulle el virus? ¿Seguir condenados a debatirse entre el comercio y la vida? ¿Morir de hambre o de Covid?