Por: Daniel Peñarredonda*
La paz no es simplemente la ausencia de violencia; es el cimiento sobre el que se erigen instituciones fuertes, economías vibrantes y sociedades unidas. No existe un solo ciudadano que no añore que Colombia sea un país en paz, en el que no existan grupos armados organizados, llámense como quieran llamarse independientemente del título bajo el cual operen, pues al final todos se dedican y nutren de rentas ilegales y de las economías de las zonas donde operan. Un país en el que no se maten unos con otros, pues todos somos hijos de la misma tierra. Un país en el cual los esfuerzos y recursos políticos, sociales y económicos no se desvíen en lidiar con el conflicto o la corrupción y puedan centrarse en dar solución a las necesidades básicas insatisfechas y en generar riquezas para sus habitantes. Imaginemos una Colombia donde esos mismos recursos se inviertan en educación, salud, infraestructura y en empoderar a nuestras comunidades más vulnerables. Pero eso solo puede suceder en un entorno de seguridad y estabilidad.
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Las causas que hayan dado origen a cualquiera de esos grupos, sean reales o simplemente excusas para su creación, hay que resolverlas. Los factores de persistencia que reciclan la violencia en una espiral interminable deben eliminarse. Para ello sobra la voluntad política y el presupuesto nacional e internacional. Cada vez las excusas son menos, pues los avances son enormes: reforma agraria, participación en política, familias guardabosques, seguridad para los excombatientes, agencia para la reincorporación y normalización, etc.
Uno de los requisitos establecidos para incorporarse a la paz total es que el grupo armado tenga control territorial. En esa misma línea y atendiendo a que se trata de un requisito que la mayoría cumple, se debe proceder después de una fase primaria a concentrar todos los miembros en las zonas donde operan. Esto no debe alarmar a nadie, ya que todos los presidentes, incluidos los hoy críticos del proceso de paz, lo han hecho y, además, parte de una lógica sencilla, porque permite, entre otros asuntos, la verificación del cese al fuego, atención médica psicosocial, formación profesional y la protección de los mismos combatientes.
Hoy todos los integrantes de los grupos armados organizados, incluidos los miembros del ELN, reciben pagos mensuales. De ahí que mientras dure esa concentración, será el Estado quien deberá asumir el pago de una bonificación que permita a ese integrante del grupo armado cubrir las necesidades básicas en sus hogares.
Una vez concentrados, deberá la fuerza pública y las instituciones del Estado, con todo el profesionalismo que las ha caracterizado, hacer presencia permanente en esas zonas que han sido abandonadas. No se trata de un patrullaje, ni de un registro y mucho menos de control militar de área, lo que corresponde es, como lo ordena la Constitución y la ley, garantizar el orden y proteger la honra, vida y los bienes de los colombianos, de brindar oportunidades reales y serias a los pobladores de esas regiones marginales, generar confianza y credibilidad en la institucionalidad y desmontar los nuevos órdenes sociales creados por los actores de turno del conflicto. Omitir este paso implicará lo que resulta inexplicable hoy, y es que en zonas entregadas en el pasado por paramilitares o guerrillas concurran otros grupos ilegales.
Durante el periodo de concentración, el Estado deberá generar la caracterización ocupacional de los integrantes del grupo a través del SENA, la Agencia Nacional para la Reincorporación y los demás entes gubernamentales, para iniciar su reinserción al mercado laboral, bien sea a través del empleo o del reflejo de emprendimientos exitosos.
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Serán los mismos empresarios de las regiones los interesados en vincular personas activas y ahora capacitadas a cada una de sus empresas, mientras que la fuerza pública y las otras instituciones del Estado cumplen con su papel de forma eficaz e ininterrumpida. Así mismo, habrá que emular los exitosos emprendimientos surgidos del proceso de paz con las FARC, como la Mesa Nacional del Café, la Cerveza Roja y los proyectos turísticos de ecoturismo en los bellos parajes del departamento del Meta y otras regiones del País.
Cuando se habla de paz total, entre otros aspectos, se busca que el complejo ejercicio que implica poner de acuerdo a tantos actores y contemplar diversas variables no deba ser repetido cada cuatro años, convirtiéndose entonces en la excusa o esperanza de aquellos que no negocian para seguir delinquiendo, o en el caballo de batalla de todas las campañas presidenciales.
La paz como política de Estado debe ser pública.
La paz total implica clausurar los procesos anteriores, cumpliendo los acuerdos que en el pasado se pactaron con diversos actores de un solo conflicto. Llegó la hora de hacer un cierre histórico de justicia y paz que permita recuperar derechos plenos a los desmovilizados que hasta hoy les han sido negados y tratados como parias de la sociedad.
De igual forma, es el momento oportuno para poner en libertad a los guerrilleros de las FARC que aún permanecen en las cárceles. ¿Cómo vamos a promover un gran acuerdo de paz total, sino ponemos fin a los procesos que antecedieron este nuevo ejercicio de gobierno, si seguimos incumpliéndoles, discriminándoles y estigmatizándoles a quienes se reinsertan a la sociedad?
Ahora bien, el hecho de convocar y concentrar el 100% de los grupos armados ilegales busca no solamente la consolidación de la paz, sino eliminar futuros discursos de legitimación y facilitar el trabajo de la fuerza pública contra todos aquellos que, después de un gran acuerdo nacional por la paz, decidan quedarse fuera del mismo.
Debe ser un mandato de la política estatal de paz que quienes no se sometan a ella sean combatidos por la institucionalidad en todas sus expresiones, judicializando con cooperación internacional a los que comercializan las armas, reclutan o apoyan en cualquier medida a quienes persistan en el delito. El hecho de que el presidente sea hijo de un proceso de paz le da la autoridad para enviar este mensaje.
La paz total también requiere despojarse de egos, vanidades y ambiciones, empezando por quienes lideran la negociación. A estas alturas no podemos hacer la paz pensando en premios o galardones. Deberían, desde ya, quienes hacen parte del equipo negociador del gobierno renunciar a ello. De igual forma, resulta inaceptable que grupos de izquierda condicionen su proceso al no avance de las conversaciones con grupos ubicados en otras orillas ideológicas.
Debe ser un mandato de la política estatal de paz que quienes no se sometan a ella sean combatidos por la institucionalidad en todas sus expresiones
Señores: tengan claro que ustedes frente a la ley son un grupo de delincuentes que viven de las rentas ilícitas, cuyas características político sociales hacen parte del contexto y los problemas a resolver en la mesa; pero al final los beneficios que se otorguen a unos y otros deberán ser los mismos. No puede volver a repetirse desigualdad en los beneficios brindados, como sucedió en el proceso de paz con las AUC y las FARC. Esto hay que hablarlo y de frente. La paz como política de Estado debe ser pública, reitero: lo que haga el presidente Petro no será distinto a lo que intentaron o hicieron GAVIRIA, PASTRANA, URIBE o SANTOS.
La paz incomprendida
Es indispensable señalar con claridad quiénes hacen parte del proyecto de paz total, bajo qué condiciones han sido aceptados o se les ha propuesto hacer parte del proceso. Es indispensable rodear el proceso de pueblo, de academia. Cada prestigiosa universidad debería hacer parte en las conversaciones, llegó la hora que pasen de la teoría a la acción. Todos aquellos que han recorrido el camino de la paz con éxito, llámense AUC o FARC, deben tener un delegado que acompañe esta gran cruzada, quien más que ellos para explicarle al mundo las causas de las violencias, su perpetuación y la manera de erradicarlas en Colombia. Los grupos empresariales del país tienen que estar allí presentes, los grandes juristas deben aportar su grano de arena asesorando a quienes participan directamente de la negociación y estructura, en compañía de la academia y en consenso con el gobierno y los partidos políticos, un verdadero proyecto de ley que permita ponerle fin a más de 50 años de conflicto armado.
Es inaceptable que un país como el nuestro, con enorme y diversa riqueza natural, ubicación geográfica privilegiada y, sobre todo, país de gente alegre y emprendedora, tenga como eje temático permanente la violencia, la extorsión, el homicidio, la falta de libertad de locomoción, entre otros.
Señores miembros de los grupos armados organizados: los procedimientos para llegar a la firma de un acuerdo de paz están claramente establecidos y la experiencia en Colombia ya existe. La mejor forma de hacerlo y explorarlo debería ser a través de delegados competentes de sus filas y de expertos que entiendan sus necesidades y estén en capacidad de transmitirlas y proponer soluciones viables, pudiendo sustentar unas y otras en cualquier escenario. Grave error llegar a un proceso de paz pensando en que a través del mismo se evita la extradición y que cualquiera podría acceder a ello. Eso evidentemente hace parte de la temática a tratar, pero jamás será el punto de partida del proceso. Ese «problema», que evidentemente es un obstáculo para La Paz, hace parte de los aspectos que solo el Gobierno nacional podrá solucionar en la fase final del proceso, a través de los mecanismos judiciales, administrativos o en el mejor de los casos legislativos. Insisto: todos ellos ya fueron utilizados en negociaciones anteriores.
Señor Presidente, Señor Comisionado, Señor Ministro de Justicia: la paz no es de ustedes, la paz es del pueblo colombiano. Se hace necesario que de este proceso participen públicamente los mejores académicos y juristas. Los directores de los partidos políticos, los expresidentes que han tratado y han logrado procesos imperfectos. Aquí no debe haber protagonistas distintos a los colombianos que tenemos derecho a vivir en un país hermoso y en paz.
Abogado litigante y ex miembro de la Comisión Asesora del Consejo Nacional de Política Criminal
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