El ojo de la contraloria General de Antioquia está puesto en varios municipios del Urabá Antioqueño. En cumplimiento del Plan General de Auditorias (PGA) que inició su tercer ciclo de auditorias a las administraciones municipales.
Dadas las actuales circunstancias que atraviesa el país, por el estado de emergencia decretado por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto ley 417 del 2020 y según el informe detallado de la URI (Unidad de Reacción inmediata de la contraloría de Antioquia), la Controlaría designa como coordinadora a Daigy Bibiana Rangel, para realizar la auditoria en el municipio de Carepa.
La auditoria comienza con la visita de los funcionarios de la Contraloria a la administración municipal y a la E.S.E Hospital Francisco Luis Jiménez para verificar los contratos suscritos para atender la pandemia generada por el Covid 19, su pago y su ejecución.
El informe final reconoce, que según la información suministrada por el Hospital y la administración, se dará respuesta al denunciante anónimo, mediante un exhorto que se publicará en la personería municipal de Carepa. Además, se pondrá en conocimiento, de la Procuraduria General de la Nación, de las presuntas irregularidades de carácter disciplinario encontradas en el informe.
El informe final reconoce, que según la información suministrada por el Hospital y la administración, se dará respuesta al denunciante anónimo, mediante un exhorto que se publicará en la personería municipal de Carepa.
La Contraloría concluye, que después de analizar los soportes que presenta la administración para justificar este contrato, se evidencias planillas con la firma de 1.798 beneficiarios, faltando soportes de firmas de 1.202 personas que recibieron ayudas, por lo tanto, la diferencia se presume como posible detrimento patrimonial por valor de 70.076.600 millones, equivalentes al 39% del total contratado.
Además, verificando la fuente de recursos utilizados por la administración del municipio de Carepa, se pudo establecer que el 100% de los recursos utilizados para los contratos No. 029-2020. 032-2020 y 038-2020, corresponden al Sistema General de Participación (SGP), por lo tanto, el control fiscal sobre estos recursos es competencia de la Contraloria General de la República, por consiguiente, se notificará acerca de los hallazgos a esa entidad.
Por lo anterior, se decide de fondo y se procede con el archivo de la URI, con copia a la Procuraduria, comisionada para determinar posibles irregularidades.
