La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha llevado a cabo talleres para divulgar los hallazgos sobre el impacto del conflicto armado en el medio ambiente y los territorios. Estos eventos presentan las herramientas metodológicas y los logros de la Sala de Reconocimiento de Verdad con respecto a la ‘Memoria Ambiental’ del país.
El taller inicial en Tumaco, replicado en Santander de Quilichao el 29 de noviembre y próximo a realizarse en Barranquilla, es liderado por miembros de la Comisión Territorial y Ambiental de la JEP. La participación abarca comunidades étnicas, campesinas, organizaciones de víctimas, instituciones sociales, la Misión de Verificación de la ONU y el PNUD.
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En Tumaco, se presentaron avances en la imputación del Caso 02, que investiga la situación territorial de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas (Nariño). La JEP atribuyó responsabilidad por crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 exintegrantes de las Farc-EP. Se destacaron 71 hechos de destrucción en sitios sagrados y territorios de comunidades diversas.
Uno de los hallazgos asociados al caso fue el vertimiento de más de 70 mil barriles de petróleo crudo, derivado de ataques contra la infraestructura del Oleoducto Trasandino y la minería criminal de oro. La Comisión Territorial y Ambiental se enfoca en obtener insumos para documentar el impacto territorial y ambiental de los hechos más graves ocurridos en el conflicto.
La participación diversa en estos talleres, que se replicarán en más territorios del Pacífico colombiano, busca abordar el daño causado a la naturaleza desde diferentes equipos de la JEP. Entre estos, se encuentran el Grupo de Análisis de Información (GRAI), la Unidad de Investigación y Acusación, el Departamento de Enfoques Diferenciales, la Misión de Verificación de la ONU y el PNUD.
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En estos encuentros, se comparten adelantos y retos respecto a la investigación de los crímenes de destrucción de la naturaleza y el territorio imputados en el Caso 02. Además, se recoge evidencia sobre daños socioculturales y socioambientales identificados por la JEP, contribuyendo significativamente a la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Estos talleres también recopilan recomendaciones para consolidar una metodología de documentación del impacto territorial y ambiental en el marco del conflicto armado. El objetivo es incentivar proyectos de restauración ecológica, reconocer ejercicios de justicia propia, dialogar con las comunidades étnicas y establecer puntos de incidencia común con expertos comunitarios.
