En Colombia, uno de los principales problemas que afectan la calidad de la educación superior tiene que ver con la precariedad de la contratación laboral de los profesores y empleados universitarios. Es precisamente uno de los grandes retos de la actual reforma a la educación que impulsa el gobierno del Presidente Petro, garantizar unas condiciones laborales dignas para profesores y empleados universitarios, de las cuales depende la calidad de la educación superior.
Un caso de precarización laboral y regresividad de las condiciones laborales grotesco se presenta desde hace varios años en la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín (UNAULA). Su Rector, Rodrigo Flórez, ha promovido la contratación de los profesores de tiempo completo de la Universidad en la modalidad de término fijo, evitando la vinculación a término indefinido, argumentando problemas financieros de la institución sobre los cuales existen dudas según los informes de rendición de cuentas recientemente entregados por su Rectoría, y conforme a los cuales la Universidad goza de buenas condiciones financieras.
Rector Rodrigo Flórez notificó a los profesores con contrato a término definido la terminación de su vínculo laboral con la Universidad a partir del próximo 30 de noviembre
Para colmo, durante los años 2020, 2021 y 2022, a los profesores y empleados de la UNAULA, tanto por contrato a término indefinido como definido, no se les incrementaron sus salarios, medida que se intentó nuevamente a comienzos de este año 2023, pero que, a solicitud de los profesores, fue revertida por el Consejo Superior Universitario presidido por Héctor Julio Alzate López, órgano de gobierno que revocó la medida disponiendo el incremento laboral del 5% para todos los profesores y empleados de la institución. Además, se determinó que a los profesores de tiempo completo con contrato a término definido no se les recortara el periodo de contratación a 10 meses (de febrero a noviembre) como pretendía el Rector, sino que se les contratara por el lapso de mediados de enero a mediados de diciembre.
— Daniel Largo (@Daniellargot) November 11, 2023
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Sin embargo, contrariando la decisión del Consejo Superior Universitario, recientemente el Rector Rodrigo Flórez notificó a los profesores con contrato a término definido la terminación de su vínculo laboral con la Universidad a partir del próximo 30 de noviembre de 2023, afectando no solo los derechos y garantías laborales de estos, sino también la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y evaluativos de sus programas educativos, cuya programación quedó reducida a periodos de cuatro meses.
UNAULA Incumple la sentencia C-006 de 1996
No se debe dejar de lado, tampoco, que, como sucede con diversas universidades privadas y posiblemente algunas públicas del país, incluyendo de nuevo a la UNAULA, su Consejo Superior Universitario y su Rector Rodrigo Flórez, respecto a la contratación de los profesores de cátedra, incumplen la SENTENCIA C-006 de 1996 de la Corte Constitucional, la cual estableció que los contratos de estos profesores universitarios deben ser considerados laborales en lugar de por prestación de servicios. Sin embargo, a lo largo de los años de vigencia e incumplimiento de la referida sentencia, ni el Ministerio de Trabajo ni el Ministerio de Educación han tomado medidas efectivas para garantizar este derecho laboral respaldado por la mencionada sentencia constitucional.
Un aspecto preocupante es que, a pesar de estas violaciones de los derechos y garantías laborales de los profesores universitarios, la acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional a universidades e instituciones universitarias parece considerar irrelevante este incumplimiento.
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Ante esta situación, los profesores solicitan al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Educación que inicien una investigación para asegurar que en la UNAULA, el Consejo Superior Universitario presidido por Héctor Julio Alzate López, y el Rector Rodrigo Flórez, garanticen la progresividad de los salarios y prestaciones laborales de sus profesores y empleados para el año 2024, vigilando que la contratación correspondiente a este próximo año respete el aumento del IPC, así como que se actualicen los salarios, prestaciones y aportes a la seguridad social de profesores y empleados con respecto a los años anteriores que están pendientes de incrementos, evitando que sus condiciones laborales sean regresivas. Esta solicitud busca prevenir futuras violaciones de derechos laborales y garantías por parte de la Universidad Autónoma Latinoamericana (UNAULA) y otras instituciones universitarias del país, así como prevenir que se persista en esta práctica en la discusión sobre la reforma a la educación superior.
