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El Plan de Desarrollo de San Rafael está corriendo riesgo por demanda de desaparición forzada

Debido a la desaparición de Alejo Arango del Río, trabajador minero y militante de la Unión Patriótica, ocurrido el 4 de marzo de 1988, el municipio de San Rafael deberá indemnizar a la familia de Arango con una suma cercana a los $1.000 millones de pesos.

El Plan de Desarrollo de San Rafael está corriendo riesgo por demanda de desaparición forzada. Debido a la desaparición de Alejo Arango del Río, trabajador minero y militante de la Unión Patriótica, ocurrido el 4 de marzo de 1988, el municipio de San Rafael deberá indemnizar a la familia de Arango con una suma cercana a los $1.000 millones de pesos.

Por los perjuicios morales y afectaciones a la salud que causó la desaparición, pero la Administración Municipal está inquieta por la condena, pues no tiene la solvencia económica para asumir el pago y continuar con el Plan de Desarrollo que plateó durante su gobierno.

El 21 de mayo de 2021 el Consejo de Estado declaró al municipio de San Rafael como “administrativamente responsable por la desaparición” de Arango del Río, quien, mientras estaba privado de la libertad en la cárcel de San Rafael fue secuestrado por hombres armados y hasta el día de hoy, que ya son 33 años después, no se tiene información sobre él.

El Plan de Desarrollo de San Rafael está corriendo riesgo por demanda de desaparición forzada

Problemática

En el fallo, el Consejo de Estado concluyó que siete integrantes de la familia de Arango deben recibir por parte del municipio 140 salarios mínimos mensuales, es decir, 142 millones de pesos cada uno.

“Es un recurso que hoy no está considerado en el Plan de Desarrollo. Seguramente tocará empezar a hacer cortes en todos los sectores de inversión, por lo que el cumplimiento del Plan de Desarrollo está en peligro”, expresó Libardo Ciro, primer mandatario de la localidad.

Además, Ciro  cree que se hará una reducción en el presupuesto destinado a la primera infancia, deportes e infraestructura, temas fundamentales en su proyecto de gobierno.

Hasta el momento la defensa del municipio está concentrada en utilizar los recursos disponibles en la jurisprudencia para reevaluar la decisión. Sin embargo, si la condena sigue en pie, la administración estará en la obligación de responderle a la familia Arango.

<H2><a href="https://www.antioquiacritica.com/author/ingridac/" target="_self">Ingrid Barbarán</a></H2>

Ingrid Barbarán

Comunicadora social y periodista. Apasionada por investigar y mostrar la realidad.
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